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Incapacidad Laboral

La incapacidad Permanente está regulada en la vigente Ley General de Seguridad Social y contempla cuatro grados: Incapacidad Permanente Parcial, Incapacidad Permanente total para la profesión habitual, Incapacidad Permanente Absoluta para toda profesión u oficio y Gran Invalidez.

En el caso de trabajadores funcionarios públicos incluidos en MUFACE el régimen jurídico aplicable es diferente a lo anterior, contemplándose exclusivamente la denominada Jubilación por Incapacidad Permanente.

Los Juzgados y Tribunales vienen corrigiendo el criterio restrictivo que mantiene la Administración a la hora de reconocer prestaciones de Incapacidad Permanente pero para ello hay que plantear las demandas de forma fundada y sustentadas en informes médicos que acrediten las limitaciones del trabajador y su influencia en el ámbito laboral.

Llega un momento en el que todo trabajador sufre una incapacidad laboral. Esta puede ser provocada por un simple resfriado o por una enfermedad o accidente de mucha mayor gravedad. Todas esas situaciones aparecen reguladas en la legislación. Aquí queremos hablarle en profundidad sobre este aspecto.

¿Qué se entiende por incapacidad laboral?

La incapacidad laboral se define como una situación por la cual un trabajador se ve imposibilitado para realizar las funciones asociadas a su puesto de trabajo. Dicha situación puede ser temporal o sostenida en el tiempo. Ese es el motivo por el que la ley contempla dos grandes tipologías de incapacidad.

La incapacidad temporal

También denominada transitoria o, simplemente, baja médica. Se trata de una situación que da pie a que el trabajador no pueda desempeñar las tareas ligadas a su puesto de trabajo de manera puntual. Es requisito sine qua non que necesite asistencia médica, ya sea por consecuencia de una enfermedad común o profesional o por un accidente laboral o no laboral.

El período de tiempo máximo por el que un trabajador puede estar dado de baja por incapacidad temporal es de 12 meses. Sin embargo, si los médicos responsables de su tratamiento prevén una recuperación próxima, es posible prorrogar ese plazo en 6 meses más. Es decir, hasta los 18 meses desde el momento del hecho o diagnóstico causante.

En cualquier caso, transcurridos esos 12 o 18 meses, según el caso, el INSS (Instituto General de la Seguridad Social) decidirá si el trabajador está listo para recibir el alta médica y volver a su puesto de trabajo o si, por el contrario, la incapacidad temporal ha de convertirse en incapacidad permanente. De este supuesto hablaremos un poco más adelante.

Por su parte, en caso de que la baja por incapacidad temporal se deba a una enfermedad profesional, la legislación contempla un período de observancia. Su duración máxima es de 6 meses aunque, como en el supuesto anterior, es posible prorrogarlo otros 6 meses más si resulta necesario.

Durante todo el tiempo en que el trabajador se encuentre de baja por incapacidad temporal, su contrato laboral queda en suspenso. Además, tiene derecho a un subsidio económico del 60 % de su base reguladora en caso de enfermedad común o accidente no laboral o del 75 % si ha sufrido una enfermedad o accidente profesional. A ese derecho se une, como es obvio, la asistencia sanitaria que precise para su tratamiento y recuperación.

La incapacidad laboral permanente

La incapacidad permanente, de forma generalizada, está asociada a reducciones funcionales y/o fisiológicas graves que, incluso, pueden llegar a durar toda la vida. Estas han de tener un efecto de reducción o anulación completa de la capacidad laboral del sujeto.

Evidentemente, más allá de la asistencia sanitaria que el trabajador necesite durante todo el tiempo que dure el tratamiento, el INSS prevé una prestación económica de carácter contributivo destinada a paliar la pérdida de ingresos del afectado.

La cuantía de esta prestación dependerá, fundamentalmente, del grado de incapacidad permanente que otorgue el INSS al paciente una vez realizada la pertinente revisión por parte del tribunal médico. En concreto, la incapacidad laboral permanente puede catalogarse como:

  • Incapacidad permanente parcial. Para recibir esta consideración, la enfermedad o accidente ha de provocar una reducción del rendimiento normal no inferior al 33 % de la capacidad total del trabajador. Este porcentaje no impide la realización de las tareas fundamentales de la profesión, por lo que el sujeto puede continuar desempeñándola. Esta catalogación conlleva un pago único por valor de 24 mensualidades.

  • Incapacidad permanente total. La reducción de las capacidades del trabajador hacen inviable que siga desempeñando su profesión habitual. Sin embargo, sí que podría realizar otra diferente. En caso de ser concedida, el trabajador cobrará una prestación de por vida correspondiente al 55 % de su base reguladora. Además, dicha prestación es compatible con el salario procedente de otro trabajo.

  • Incapacidad permanente absoluta. Aquí hablamos de un tipo de incapacidad permanente que imposibilita al trabajador llevar a cabo cualquier profesión. Es por ello que, de forma vitalicia, cobrará una pensión del 100 % de su base reguladora. Sin embargo, hay excepciones en las que se puede compatibilizar con las rentas del trabajo. Es el caso, por ejemplo, de muchos vendedores de cupones de la ONCE.

  • Gran invalidez. No es un tipo de incapacidad permanente, sino un complemento de la modalidad absoluta. Para su concesión, es necesario que el sujeto incapacitado requiera de un cuidador para llevar a cabo sus tareas diarias. Es decir, que no sea capaz de cuidarse por sí mismo. Conlleva un incremento del 45 % del SMI (Salario Mínimo Interprofesional) sobre el 100 % de la base reguladora percibida en la prestación.

Conviene destacar que la acreditación de incapacidad permanente está sujeta a revisión. Para lo bueno y para lo malo. Es decir, un incapacitado puede solicitar, por ejemplo, el paso de la incapacidad permanente total a la absoluta, pero el INSS también puede reducir su consideración a parcial.

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